La condena contra el ex presidente Alberto Fujimori marca un hito fundamental en la lucha contra la impunidad en Perú y demuestra que nadie está exento de rendir cuentas.
“En Perú se ha hecho justicia,” ha manifestado Javier Zúñiga, observador de Amnistía Internacional en el juicio. “Este es un día histórico. No todos los días se ve a un ex jefe de estado siendo sentenciado por violaciones a los derechos humanos como la tortura, el secuestro y la desaparición forzada de personas. Esperamos que este sea el comienzo de muchos procesos judiciales, tanto en América Latina como en el mundo.”
“Ahora es imperativo que todos los responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas en Perú, incluyendo aquellas perpetradas antes del gobierno de Alberto Fujimori, enfrenten los tribunales de justicia,” asegura Javier Zúñiga. “La desaparición forzada, la tortura y la violación son crímenes que no están sujetos a prescripción cuando se cometen de manera generalizada, como ocurrió en el Perú.”
La declaración siguió a la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema del Perú en la investigación de los casos Barrios Altos -donde 15 hombres, mujeres y niños fueron ejecutados extrajudicialmente en 1991-, La Cantuta -donde 9 estudiantes y un profesor universitario fueron secuestrados y posteriormente ejecutados en 1992 por integrantes del grupo Colina, una fuerza paramilitar del Ejército del Perú-, y Sótanos SIE -donde dos personas fueron secuestradas-.
La sentencia, adoptada por unanimidad de los tres miembros de la Sala, concluyó que el ex presidente Alberto Fujimori tuvo responsabilidad penal individual en los tres casos ya que tuvo el mando militar efectivo de quienes cometieron materialmente los crímenes.
“En Perú se ha hecho justicia,” ha manifestado Javier Zúñiga, observador de Amnistía Internacional en el juicio. “Este es un día histórico. No todos los días se ve a un ex jefe de estado siendo sentenciado por violaciones a los derechos humanos como la tortura, el secuestro y la desaparición forzada de personas. Esperamos que este sea el comienzo de muchos procesos judiciales, tanto en América Latina como en el mundo.”
“Ahora es imperativo que todos los responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas en Perú, incluyendo aquellas perpetradas antes del gobierno de Alberto Fujimori, enfrenten los tribunales de justicia,” asegura Javier Zúñiga. “La desaparición forzada, la tortura y la violación son crímenes que no están sujetos a prescripción cuando se cometen de manera generalizada, como ocurrió en el Perú.”
La declaración siguió a la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema del Perú en la investigación de los casos Barrios Altos -donde 15 hombres, mujeres y niños fueron ejecutados extrajudicialmente en 1991-, La Cantuta -donde 9 estudiantes y un profesor universitario fueron secuestrados y posteriormente ejecutados en 1992 por integrantes del grupo Colina, una fuerza paramilitar del Ejército del Perú-, y Sótanos SIE -donde dos personas fueron secuestradas-.
La sentencia, adoptada por unanimidad de los tres miembros de la Sala, concluyó que el ex presidente Alberto Fujimori tuvo responsabilidad penal individual en los tres casos ya que tuvo el mando militar efectivo de quienes cometieron materialmente los crímenes.
